Este lunes 19 de agosto, trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido en varios estados de México, como Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Chetumal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Nayarit. ¿La razón? Están en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma judicial que se prevé que se discuta el próximo el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, plantea una reestructura al Poder Judicial de nuestro país, el cual está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de Distrito.
Estos cambios son de suma importancia porque el Poder Judicial se encarga de la administración de justicia, así como de la interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes del país.
Es por eso que, a diferencia del poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial se ha caracterizado por su independencia, justo para garantizar equidad en la impartición de justicia.
¿Y eso cómo nos afecta?
Una de las principales críticas a esta reforma que plantea AMLO es que atenta contra los derechos de la base trabajadora porque pretende eliminar la carrera judicial, la cual actualmente regula el ingreso y permanencia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.
Otro de los puntos controversiales que ha dejado la discusión de la reforma judicial, es la propuesta de que todos los juzgadores del Poder Judicial, tanto federales como locales, sean elegidos mediante voto popular. Esto implicaría un proceso similar al utilizado en las elecciones para elegir a las y los políticos que ocupan cargos de representación popular. Lo cual, alertan las y los especialistas, podría poner en riesgo su independencia.
Como ves, la reforma judicial implica toda una renovación estructural desde los jueces hasta las salas, pero, ¿cómo nos afecta a nosotras, nosotros, nosotres? Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, explica que si se logran todas las modificaciones anteriormente mencionadas, “se tiene el riesgo de que los jueces, ministros y magistrados que llegan a estos espacios no lleguen respetando una independencia judicial y no lleguen a cumplir evidentemente su función de juzgador, sino más bien como un cargo más que nada político”, dice en entrevista con La Cadera de Eva.
Esto también tiene un impacto si es no que se contempla o se realiza una reforma integral al sistema de justicia, porque no combatiría los altos niveles de impunidad y corrupción que enfrenta nuestro país. Actualmente el 45% de las y los mexicanos cree que la impunidad en nuestro país se ha mantenido, como documentó Impunidad Cero en sus Percepciones de Impunidad 2024.
“El impacto que va a tener va a ser principalmente en esto, se van a retrasar los asuntos, porque recordemos que también esta reforma está pensada aquí simplemente en el Poder Judicial local, que es donde sí tiene principal presencia en la vida de todas las personas, entonces los casos se van a retrasar, va a haber más tiempo en la resolución de los asuntos”, señala Leslie.
Por otro lado, la abogada señala que habrá una incógnita respecto a los juzgadores que vayan a llegar, “porque en los requisitos que actualmente se están manejando en el dictamen es bastante preocupante que hay una ausencia total de perfiles que sean independientes al poder actual”.
Esta situación afectaría a los derechos ganados de los grupos más vulnerables de México. “Esto podría en grave riesgo los avances constitucionales que se han tenido en temas, por ejemplo, de aborto, de matrimonio igualitario, de derechos de población lgbtq+, entre otros”, destaca Leslie Jiménez Urzua.
También se contempla la reducción del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); se plantea pasar de 11 ministras o ministros a nueve. Además de las dos salas con las que actualmente se cuenta que son; la primera que lleva asuntos civiles, penales, familiares y la segunda sala de temas administrativos, fiscales, etcétera.
En este sentido, “ya no tendríamos una judicatura que viera los temas administrativos del Poder Judicial de la Federación, sino un tribunal que sería un encargado de sancionarles por temas administrativos, disciplinarios, etcétera”, explica Jiménez Urzua.
En el caso del acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres, han alertado que actualmente, el 47% de los jueces invisibilizan las violencias contra las víctimas; el 69% no protegen a las mujeres y 80% no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias de género, por lo que han remarcado la importancia de que la actual reforma al Poder Judicial tenga una perspectiva feminista.
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¿Cómo puedes involucrarte?
La experta invitó a seguir de cerca el paro que iniciaron los trabajadores administrativos del Poder Judicial, porque el miércoles 21 de agosto votarán si entran en paro o no los juzgadores.
“Esto es relevantísimo, tener la posibilidad de escuchar, de acercarnos a la información, de ver lo que están diciendo los trabajadores, lo que está en el dictamen, y también escuchar lo que está haciendo, por ejemplo, desde los diferentes colectivos de sociedad civil”, concluye la abogada.
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